Universidad Nacional de Colombia
Comité Nacional de Representantes Profesorales

Comunicado 01 de 2010

Reflexiones sobre la reforma de la Ley 30.
A propósito del comunicado 03 de 2010 de Rectoría

El señor Rector ha informado en su comunicado del pasado martes 16 de febrero sobre la decisión de la señora Ministra de Educación de reformar la Ley 30 de 1992, en los aspectos relacionados con la financiación de las universidades públicas, establecida por los artículos 86 y 87. Sin duda, el problema del financiamiento requiere un reordenamiento de fondo, no sólo en el sentido de los recursos disponibles y las formas de asignación, sino en el de ser un aspecto fundamental de la política de Educación Superior. Al respecto, es necesario recordar que estos artículos se han cumplido en el mínimo establecido y que de no haber sido así, la situación crítica de los presupuestos de las universidades estatales se habría presentado mucho antes. Pero los gobiernos no han estado preocupados por el déficit acumulado sino por la rigidez y la autonomía en el manejo de estos recursos. Si hubieran querido afrontar el problema, habrían ido más allá de mantener un presupuesto en pesos constantes.

Si nos atenemos a los hechos recientes, como las intervenciones de la señora Ministra en diferentes escenarios y la declaración de emergencia social que profundiza las inequidades en salud derivadas de la capacidad de pago de las personas, lo más probable es que el Gobierno Nacional haya decidido realizar lo más pronto posible el viejo propósito de pasar de la asignación de presupuestos anuales al sistema de subsidio a la demanda con libre competencia entre “instituciones de educación superior”, sin importar su carácter estatal o privado. Esta “pequeña” modificación significa el más alto riesgo para la permanencia y el desarrollo de la universidad pública, más aún para la Universidad Nacional.

El alto riesgo no es infundado. La experiencia de las instituciones públicas de seguridad social y de la red hospitalaria del país, una vez adoptado el subsidio a la demanda en el sistema de seguridad social en salud con la Ley 100 de 1993, no permite ser optimistas. Los costos de la Universidad Nacional, en especial los de personal, no permitirían competir abiertamente con las universidades privadas. Tales costos no son un capricho. Dependen de la vinculación cada vez mayor de doctores, con dedicación a la investigación y con alta productividad académica. La idea no es adaptarse a toda costa, disminuyendo los costos y aumentando los ingresos “propios”. Se trata de garantizar la proyección y la expansión de la Universidad, como uno de los ejes de una sociedad más democrática e igualitaria.

El momento político es inestable y atropellado, en plena época electoral. Entrar en el escenario del Congreso en estas condiciones y con afanes, no es conveniente. Es necesario profundizar en el análisis colectivo de la situación y construir propuestas sólidas que puedan ser suficientemente discutidas, de cara a la sociedad. No debe olvidarse que es función de la Universidad Nacional liderar este tipo de debates y el reto de evaluar y proponer la Reforma de la Ley 30/1992 debe asumirse con todo rigor. Por lo anterior, los y las representantes profesorales a los consejos académico y superior vemos necesario y urgente constituir una comisión interna que recoja los aportes de la comunidad universitaria y elabore una propuesta para fortalecer el financiamiento de las universidades públicas. También se requiere acudir al Sistema de Universidades Estatales (SUE), pues éste es el principal órgano de articulación de las universidades públicas del país. Como insumo importante de la discusión es necesario examinar el debate internacional sobre la política de Educación Superior y poner en el debate público nacional la importancia del financiamiento público progresivo para una visión de desarrollo, democratización y equidad social de largo plazo.

Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a prestar toda la atención posible a este proceso, a participar en las reuniones por facultades y a contribuir con múltiples esfuerzos a la revaloración social de la inversión de recursos en universidades públicas, comprometidas con los problemas del país.

REPRESENTACIÓN PROFESORAL AL CONSEJO SUPERIOR Y AL CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Bogotá, 22 de febrero de 2010

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