JORGE IVÁN BULA, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS U. NACIONAL DE COLOMBIA

La financiación de la educación superior es un asunto de política y de vida o muerte para la sociedad. El Ministerio de Educación no ha hecho bien las cuentas y pretende, con programas que escasamente resuelven problemas de acceso de la población de bajos recursos a la universidad, saldar la equidad y el desarrollo económico y social del país. Así lo demuestra un análisis de la Universidad Nacional de Colombia.

Permítaseme comenzar por explicar el título de este artículo. Es cierto que en materia presupuestal suele haber restricciones que dependen de los ingresos y gastos de una nación, y en este caso en particular del sector público. Las fuentes del presupuesto público son de diverso orden: los recursos provenientes de la tributación –directa e indirecta– y de las tarifas, los recursos de capital (v. g. enajenación de activos) y los recursos financieros (v. g. el endeudamiento público, interno y externo). Este último suele jugar un papel importante cuando los gastos superan los ingresos, que es el caso de la mayoría de las economías y, en particular, de los llamados países en desarrollo.

La disponibilidad de dichos recursos en sus distintas fuentes depende en buena medida del ciclo económico. En condiciones de una ola expansiva de la economía, los ingresos fiscales y las condiciones de endeudamiento tienden a mejorar y lo contrario sucede en momentos de recesión económica. Pero a pesar de dichas restricciones en uno y otro escenario, y con mayor razón en un momento de recesión, la estructura del gasto responde a unas decisiones de política de lo que un gobierno o una sociedad consideran prioritario en la asignación de los recursos.

No obstante, este ejercicio de priorización no se hace en el vacío y en buena medida obedece a consideraciones de carácter estratégico, por un lado, y a aquellas que derivan de una determinada visión de sociedad, por el otro. Las primeras buscan dar respuesta a los desafíos del entorno, las segundas expresan el proyecto político, social y económico de quienes tienen la responsabilidad del manejo del Estado y que se traduce en un determinado tipo de voluntad política que se busca o logra movilizar. Por ello, las decisiones sobre presupuesto que afectan a la educación superior de carácter público no escapan a este tipo de condicionamientos.

Más allá de las distintas lecturas que se hacen en torno a la llamada sociedad del conocimiento, como uno de los vectores del proceso de globalización, es indiscutible que uno de sus pilares es el desarrollo del designado sistema nacional de ciencia y tecnología. En las sociedades actuales, este campo reposa sobre dos bases fundamentales: la inversión en investigación y desarrollo de los agentes privados, y la inversión en el sistema de educación superior por parte del Estado. Pero la composición de la financiación marca una profunda diferencia entre los países más industrializados y los países en vías de desarrollo. No solo el 96% de la investigación mundial se realiza en los 30 países más avanzados (Parks, 2008), sino que más del 50% de la inversión en investigación y desarrollo (I&D) proviene de fuentes privadas.

Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del 2001, en Norteamérica y en los países nórdicos la participación del sector privado en 1995 era ya del orden del 59%, y en la Unión Europea, del 53%.

De acuerdo con Parks (2008), en 2006 el Gobierno de los Estados Unidos invirtió 2,57% del Producto Nacional Bruto (PNB) en I&D, y las universidades y colleges estadounidenses ejecutaron el equivalente a una quinta parte de lo que hizo la empresa privada en I&D, pero aun así, éstas desarrollaron el 56% de la investigación básica del país.

En los países de América Latina esta proporción es inversa. Por ejemplo, en Argentina, México y Venezuela, los recursos para el gasto en I&D entre los años 2000 y 2005 provinieron en más de un 70% (México y Venezuela por encima del 90%) de recursos públicos, entre gastos de gobierno e inversión de las instituciones de educación superior (Cinda, 2007). Sin duda, para las llamadas economías emergentes, la inversión pública juega un papel central en el impulso y consolidación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología.

La inversión en I&D en Colombia

En Colombia, los recursos de inversión en I&D para este mismo periodo (2000–2005) provinieron en algo más del 50% del Gobierno y las instituciones de educación superior (IES). Si bien la participación privada es mayor que en los otros países, buena parte de la inversión de las empresas en este rubro van para renovación tecnológica y mucho menos para I&D en sentido estricto. En 2003, las inversiones realizadas por este sector en I&D representaron un 0,25% del PIB, y para el 2004 ascendieron a 0,27% (Orozco, 2009). Pero a diferencia de Argentina y México, un 76,7% de los investigadores se emplean en las IES, frente a un 49,3% en el primero y un 17,2% en el segundo. En todos los casos, sin embargo, más del 50% de estos científicos están vinculados al gobierno o a las IES (México: 51,7%; Argentina: 86,6%; Colombia: 87,1%) (Cinda, 2007).

Para el año 2006, Colombia expresaba niveles de inversión en I&D inferiores incluso a los de Bolivia y Uruguay, solo superado por Perú y Ecuador en su participación en el PIB, siendo Brasil el único país de la región con una inversión equivalente al 1% del PIB. Este último invertía alrededor de US$ 200 per cápita y Chile, US$ 150 per cápita en I&D, mientras que Colombia difícilmente llegaba a los US$ 50. Corea, que hace cerca de 40 años tenía un ingreso per cápita inferior al de Colombia –en 1970 su PIB per cápita era de US$ 295 a precios corrientes, entretanto el de Colombia era de casi US$ 445 (Series de UN Statistics Division)–, destina más del 2,5% del PIB a I&D e invierte cerca de US$ 600 por persona en este rubro (Cinda, 2007).

Los resultados de ello son evidentes, en 2008 el PIB per cápita para Corea fue de US$ 19.296, mientras que para Colombia, de US$ 5.415 (Series de UN Statistics Division), tres veces y medio más.

No obstante los progresos significativos que ha tenido el país en un lapso de 20 años, pasando de no tener un solo programa de doctorado en 1985 a ofrecer 92 en el 2007 (Arango, 2008), el porcentaje de personas en Colombia dedicadas a la investigación mantiene niveles bastante bajos. En 2006, tan solo 0,45% de la población destinaba sus labores a la investigación, y de los 33.887 registrados en el CvLac de Colciencias en este año, solo 9% poseía título de doctorado y 28% de maestría (Orozco, 2009).

A pesar de que el gasto público en educación superior como porcentaje del PIB ha experimentado un ligero crecimiento, pasando de representar el 0,58% en 1995 a participar con un 0,74% en 2002 (Rodríguez, 2005, citado por Garzón, 2010), se mantiene por debajo del promedio regional que en el primer año era de 0,80% y en el último, de 0,93%. Pero lo que es más preocupante aún es que para el 2009 su participación en el PIB había descendido a 0,69% (Mineducación, 2010, citado por Garzón, 2010).

La partida para el 2010

En la discusión del presupuesto del Gobierno nacional para el 2010, las grandes universidades públicas demandaron un incremento equivalente al IPC más 5,5 puntos, ello para compensar los costos en que han incurrido y los esfuerzos que han hecho para transitar hacia instituciones de investigación, además de responder a las exigencias de calidad y cobertura de los estudios de pregrado y posgrado.

A través de una especie de paralogismo, el Gobierno dijo haber otorgado a las universidades $ 160 mil millones, cifra que superaría el monto solicitado. De estos, un 44% ($ 70.000 millones) lo entregaría el Icetex a través de becas a estudiantes, cerca de un 19% ($ 30.000 millones) un fondo especial en Colciencias para establecimientos públicos, algo más del 26% ($ 42.000 millones) que corresponden a las transferencias del 2% para el Icfes, y el 11% restante ($ 18.000 millones) compensarían el descuento del 10% aplicado a estudiantes que han ejercido el derecho al sufragio universal.

En cuanto a los recursos canalizados a través del Icetex, estudios recientes sobre el programa Acces señalan que para el caso del ingreso de estudiantes a IES públicas, estos créditos se orientan a sostenimiento y no a pago de matrícula, de por sí bastante asequible en dichas instituciones. Esto significa que los recursos irían directamente a los estudiantes, sin pasar por las arcas de las instituciones, lo cual les genera mayores requerimientos en funcionamiento e inversión como resultado de los incrementos en cobertura.

Los recursos que corresponden al Icfes y los que compensan el 10% de descuento por participación electoral son, en efecto, recursos sobre los cuales a las IES públicas les recae una titularidad. Y los recursos asignados a través del fondo especial de Colciencias, si bien son importantes, no resarcen los esfuerzos invertidos en los últimos años por las universidades estatales para mejorar sus estándares de calidad académica acompañados por ampliación de la cobertura, y de aquellas con mayor potencial de consolidarse como universidades de investigación.

Como señala el informe de la Contraloría General de la República, las universidades públicas han hecho grandes esfuerzos en la profesionalización de su planta docente, incrementando en un 48% los profesores con título de doctorado entre el 2003 y el 2007, a la vez que han revertido su posición de inferioridad en la matrícula total del sistema de educación superior frente a las instituciones de carácter privado, cuando en 1999 respondían por el 33,5% y en 2008 su enrolamiento cubrió el 55,3%. A esto se suma un incremento del 11% entre el 2003 y el 2007 en grupos de investigación (www.universidad.edu.co).

En términos de González (2009), el asunto está en que “como las transferencias del Gobierno aumentan de manera lineal pero los costos crecen de forma exponencial, es inevitable que se abra la brecha entre las necesidades de la universidad y los recursos que le transfiere el Gobierno nacional”, pues “los costos marginales de una educación de calidad son crecientes […] En estos servicios no hay economías de escala. No tiene sentido, entonces, pretender que el costo por alumno vaya disminuyendo. Si se quiere calidad, el costo por alumno tendrá que ser marginalmente creciente”.

Estas son las cuentas que efectivamente no hace el Gobierno, y en particular el Ministerio de Educación. Como lo mencioné al inicio, la financiación de la educación superior es un asunto de política, es la apuesta del país a fortalecer su sistema de ciencia y tecnología y a través de él mejorar sus niveles de lo que las teorías del crecimiento endógeno llaman el capital humano, porque es justamente por su fortalecimiento que el desarrollo tecnológico tiene lugar, como se ha visto en el caso de Corea del Sur.

Caso de vida o muerte

Las universidades públicas  responden por el 75% de la investigación que se hace en el país (Uribe Correa, 2009), y no es gratuito que sean las grandes instituciones del Sistema Universitario Estatal (la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle y la Universidad Tecnológica de Pereira) quienes hayan sido las voceras frente al Gobierno nacional para reivindicar los recursos que el Estado les debe garantizar en pro de su desarrollo y para ofrecerles a los sectores con menos oportunidades del país la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Así lo advierte el informe del 2007 del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda):
De hecho, los sistemas de educación superior, bajo la continua presión para diferenciarse y diversificar su plataforma institucional […], se han visto forzados a reconocer que, en la actualidad, solo unas pocas instituciones de cada país pueden operar, plenamente, como universidades de investigación en la frontera del conocimiento. Incluso en los Estados Unidos, como señala Duderstadt, de las 125 universidades reconocidas por la Clasificación Carnegie como research universities, en realidad no existen más de 60, entre varios miles de Instituciones de Educación Superior, que verdaderamente pueden identificarse como intensivas en investigación y enseñanza de nivel doctoral.

Esto sin mencionar lo que representa para estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos acceder a la educación superior. La tasa de retorno de la inversión para estudios de secundaria en Colombia entre 1990 y 2000 bajó de 11,4% a 5,0% anual, mientras que para la educación superior aumentó de 14% a 18% (Schiefelbein, 2003).

La Encuesta de Hogares del 2001 señala que una persona con formación universitaria gana en el mercado laboral 50% más que aquella que solo logró estudios de nivel secundario. Y quienes obtienen un título de doctorado perciben ingresos por un 211% más frente a estos últimos, y de 106% frente a los primeros.

El gasto –léase inversión– en la educación superior pública se exige, en el caso de un país como Colombia, por razones de equidad y por motivos de desarrollo económico y social. Los programas de subsidio a la demanda (v. g. los $ 70.000 millones del Icetex) escasamente resuelven los problemas de acceso a este sistema para la población de bajos recursos (Bula, 2009), mientras que el fortalecimiento de las universidades públicas se convierte en un asunto de vida o muerte para la sociedad, en un mundo donde el conocimiento se ha convertido en el factor productivo más importante, quiérase o no.
Referencias:
Bula, Jorge (2009). Equidad social en la educación superior en Colombia. En: Álvaro Zerda, Pedro Bejarano y Fernando Orjuela (2009). La educación superior: tendencias, debates y retos para el siglo XXI, Universidad Nacional de Colombia.

Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA (2007). Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2007, Chile.

Garzón, Carlos Alberto (2010). Educación Superior en Colombia ¿en la encrucijada? (PDF).

González, Jorge Iván (2009). Finanzas de la Universidad Pública: el caso de la Universidad Nacional, Razón Pública, diciembre 14.

Metrio Gómez, Natalia María (2009). Universidad pública colombiana, sin financiamiento, entrevista a Alberto Uribe Correa, Rector de la Universidad de Antioquia, 21 de octubre. En: delaurbedigital.udea.edu.co/index.php. Consultado el 21 de febrero de 2009.

Orozco Silva, Luis Enrique (2009). La Ley de Ciencia y Tecnología, una nueva ilusión, Blog Universidad y Sociedad (Universia Colombia) www.universia.net.co/docentes/articulos-de-educacion-superior/la-ley-de-ciencia-y-tecnologia-una-nueva-ilusion.html. Consultado el 21 de febrero de 2009.

Parks, Thomas N. (2008). An Overview on Trends in University Research. (PDF).

Schiefelbein, Ernesto (2003). Colombia: acceso y aprendizaje desde un ámbito internacional. Una cadena ineludible: preescolar, primaria, secundaria y superior. La educación como un factor decisivo en la reducción de desigualdades. www.mineducacion.gov.co/1621/article-88015.html. Consultado el 21 de febrero de 2009.

Páginas consultadas: unstats.un.org/unsd. Consultado el 22 de febrero de 2009. www.universidad.edu.co/index.php. Consultado el 22 de febrero de 2009.

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