Camilo Raigozo
Voz

El gobierno de uno de los países que más viola los derechos humanos en el mundo, Estados Unidos, el cual, además, se abroga el derecho de calificar a las demás naciones en esta materia, inusualmente, su Departamento de Estado criticó severamente al gobierno colombiano por su comportamiento con el respeto a estos derechos.
Extraña posición la estadounidense en este caso, porque sus críticas y descalificaciones siempre van dirigidas contra gobiernos independientes y dignos que se han salido de su tutela como es el caso de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Irán, Corea del Norte y China, entre otros.

Es sabido que para gobiernos aliados (cómplices) o lacayos, como es el caso del gobierno de Uribe, siempre expresa sus mejores calificativos, a pesar –como en el caso del régimen colombiano- de ostentar uno de los índices más altos en el orbe en violaciones a los derechos humanos.

El Departamento de Estado esta vez criticó las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública, la connivencia entre Ejército y Policía con paramilitares, la impunidad, el escándalo de Agro Ingreso Seguro y las interceptaciones ilegales del DAS contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición, entre otras actuaciones malévolas del régimen criollo.

Aumento de amenazas contra defensores de derechos humanos en Colombia denunció la ONU

Navanethem Pillay, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció en un informe conocido el 10 de marzo pasado, el aumento de amenazas y el uso de los servicios de inteligencia (DAS), contra defensores de los derechos humanos en Colombia y el incremento en los casos de violencia sexual.

Las denuncias figuran en el documento anual sobre la situación colombiana de Derechos Humanos, elaborado por ella y que será presentado en el décimo tercer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra en Ginebra hasta el 26 de marzo.

“En Colombia persisten profundas debilidades en varios departamentos para la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en una discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena”, dice uno de los apartes del documento.

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