Por: Horacio Duque

Tomado de: http://www.aporrea.org/internacionales/a21123.html

El capitulo de las listas negras de profesores, sindicalistas y activistas de derechos humanos elaboradas por el DAS y después asesinados, es macabro y tenebroso. Quedará en la memoria de las garantías electorales del actual proceso comicial.

Por supuesto esto no es nada nuevo en las prácticas del Estado colombiano, pues en este país, desde hace muchos años, todos los servicios de inteligencia han sido verdaderas maquinarias de muerte y exterminio de opositores al régimen. Suficiente con recordar lo que fue la Brigada XX de inteligencia del Ejercito y los miles de asesinatos y desapariciones ejecutadas durante los años 80 y 90 del pasado siglo. O recordar las campañas de limpieza social y exterminio de los servicios de inteligencia de la policía en los principales centros urbanos del país.

Lo que en esta ocasión llama la atención es el doble discurso oficial que se vanagloria de la eficaciaa de la política de seguridad democrática y de las estadísticas sobre derechos humanos, al tiempo que subrepticiamente ejecuta planes selectivos de eliminación de destacados activistas de izquierda y populares.

Vamos al testimonio de Rafael García, exdirector de informática del DAS. Según éste, miembros del DAS dieron a los paras una lista negra de sindicalistas. Algunos de los cuales han sido asesinados, y otros, amenazados de muerte.

El ex funcionario le entregó a la Fiscalía una lista de 20 activistas de izquierda que figuraban en la subdirección de análisis del organismo de inteligencia. “Lo que hice fue anotar parte de los nombres, porque me llamó la atención que estuviera el nombre de la líder sindical Zullty Codina Pérez, que ya habían asesinado, y el de Correa de Andreis, que sería asesinado después”(1)

El caso Correa de Andreis.

La denuncia del ex jefe de informática del DAS de que la muerte de Alfredo Correa de Andreis fue orquestada desde la institución encargada de hacer inteligencia para el gobierno, confirmaría los temores de los allegados del profesor barranquillero de que su asesinato fue un crimen de Estado.

Correa de Andreis, un ingeniero agrónomo y sociólogo, enseñaba en las Universidades del Norte y Simón Bolívar. Había sido rector de la Universidad del Magdalena y en el momento de su muerte trabajaba en una investigación sobre desplazados en Bolívar y Atlántico. Cuando fue asesinado, el 17 de septiembre de 2004, iba a cumplir 53 años.

El día de su asesinato, su hermana, Magda Correa, responsabilizó al gobierno de su muerte, diciendo que “se trató de un crimen de Estado”. El entonces comandante de la Policía del Atlántico, Luís Gómez, dijo que Correa de Andreis había rechazado la protección oficial porque desconfiaba de las autoridades y de los organismos de seguridad. Y su abogado, Antonio Nieto, fue incluso más lejos. Dijo que su defendido “fue víctima de una conspiración desde adentro del DAS”.

Esas sospechas se estarían confirmando con las declaraciones del ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien dijo en su indagatoria que funcionarios de la seccional del DAS en Bolívar acabaron con la vida del profesor Alfredo Correa de Andreis.

Alfredo Correa de Andreis fue detenido el 17 de junio de 2004 en su residencia de Barranquilla (Atlántico) y trasladado a la medianoche a las instalaciones del DAS en Cartagena. Allí fue puesto a disposición de la Fiscalía 33, donde existía un proceso en su contra por rebelión, como presunto ideólogo de las Farc con el alias de ‘Eulogio’.

Tres ex guerrilleros reinsertados dijeron que Correa de Andreis se había reunido con el presidente venezolano Hugo Chávez en la serranía de Machique, para conformar la guerrilla de las Farc en el vecino país. Correa de Andreis se habría desplazado a pie desde la Serranía del Perijá, al nororiente de Colombia, en compañía del jefe guerrillero ‘Iván Márquez’, para la reunión con el gobernante venezolano.

El abogado Nieto logró demostrar que para la fecha del supuesto desplazamiento, Correa se encontraba dirigiendo trabajos de investigación en la universidad.

Afirmó, además, que las acusaciones con base en las cuales se había montado el proceso contra el profesor se habían hecho con testimonios clonados en la seccional del DAS en Bolívar. Fueron los mismos idénticos testigos y testimonios usados por el mismo fiscal Demóstenes Camargo Zabaleta en el proceso contra Amaury Padilla, otro activista de la Costa, que tuvo que salir del país con amenazas luego de haber sido detenido por el DAS, también acusado de rebelión. La clonación consistió en que se pegó la misma versión que aparecía en el archivo del DAS a cada una de las declaraciones de los tres reinsertados y, a pesar de que se intentó mimetizar dicha clonación cambiando el tipo de letra y su tamaño, los textos son exactamente iguales en la sintaxis, en los errores ortográficos y en la puntuación. Lo cual equivale a un montaje (2).

Correa de Andreis fue puesto en libertad el 15 de julio del 2004, “por no encontrarse pruebas”. Dos meses después lo mataron. Acababa de presentar su investigación sobre desplazados de Bolívar y Atlántico. Una hipótesis es que la investigación evidenciaba desviaciones indebidas de fondos del Plan Colombia. Otra, que él alcanzó a documentar el despojo de tierra a cientos de desplazados, algunos de ellos en Ciénaga, de donde era oriundo.

Otros casos de asesinatos.

Los otros casos de asesinatos y desapariciones a partir de las listas negras de Jorge Noguera Director del DAS, son los de varios integrantes de Sintragrícola, seccional atlántico: César A. Fonseca Asesinado y descuartizado (2003); Rafael Fonseca Asesinado y descuartizado (2003); Ramón Fonseca Asesinado y descuartizado (2003); Saúl Colpas Asesinado (2001); Víctor Jiménez Fruto Desaparecido (2003); y Álvaro Londoño desaparecido (2004.

Listas de amenazados.

Uno de los que figuran en la lista negra es Gilberto Martínez, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social en Colombia (Anthoc). Este dijo que desde 2001 empezó a recibir amenazas de muerte, que se intensificaron desde 2003. Desde ese momento hemos denunciado en múltiples lugares la confabulación del DAS con los paramilitares en el Atlántico para seguir, amenazar y asesinar a miembros de nuestro sindicato, denuncias que no han prosperado en la justicia, pero que hoy ratifica el señor García.

Desde 2001 hasta la fecha, 40 líderes más han sido amenazados de muerte. De estos, 20 tuvieron que dejar la región y cinco más, exiliarse en otros países.

Según Martínez de Anthoc, en manifestaciones callejeras han tenido enfrentamientos con personas del DAS que se infiltran para hacer inteligencia, y sabemos que mucho de lo que ha pasado en nuestra organización tiene que ver con funcionarios de esa entidad, pero eso ha sido muy difícil de demostrar.

En la lista también figuran sindicalistas de Sintragrícola. El presidente de este sindicato de campesinos, Saúl Colpas, fue asesinado en 2001, y quien lo reemplazó, Víctor Jiménez Fruto, se encuentra desaparecido desde 2003, cuando se dirigía a la CUT Barranquilla. Hay testigos que aseguran que otros tres miembros de este sindicato, los hermanos Fonseca, fueron secuestrados. Después sus cuerpos fueron encontrados descuartizados en una finca de Ponedera, Atlántico. Las investigaciones señalan a los paramilitares como autores.

Las persecuciones e intimidaciones no han terminado. El pasado 15 de marzo, Miguel Ángel Bobadilla, miembro de la Federación de Sindicatos Agrarios (Fensuagro), dijo que fue seguido por más de ocho cuadras por dos hombres al salir de su oficina, y que carros de vidrios oscuros y personas extrañas vigilan la sede de este sindicato. Incluso un par de personas, que se hicieron pasar por miembros de la Fiscalía, estuvieron en sus casas preguntando por él, “pero en la Fiscalía dijeron que no han enviado a nadie”, dijo Bobadilla.

Conocidos estos hechos criminales, lo que sorprende más son las respuestas del señor Uribe Vélez en los medios electrónicos porque los escritos los ha descartado. Ha dicho que eso no es cierto porque las estadísticas sobre asesinatos de sindicalistas se han reducido. Nada que ver con lo que se le está preguntando. Uno podría afirmar que la caída de las estadísticas oficiales no alcanzaron para salvarle la vida a estas desafortunadas personas, victimas del terrorismo del paraestado mafioso colombiano.

En la siguiente entrega vamos a ver los nexos del DAS con las mafias del narcotráfico que cogobiernan este organismo de la Presidencia de la República.

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