PROPUESTA TESIS DE DISCUSION SECTORES INDIGENAS
DE LA CONAP PARA EL CABILDO ABIERTO 19, 20 Y 21 DE JULIO DE 2010

Presentado por el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano

Como es de conocimiento general, la tragedia que padecemos los pueblos indígenas del continente y de nuestro país, inicia desde el mismo momento en que se dio la invasión española. Pero lo que no es tan conocido a nivel general es que la Independencia de hace 200 años inauguró otro periodo de extinción de los pueblos indígenas, ya no mediante el exterminio físico sino desconociendo nuestra existencia como naciones originarias y despojando a nuestros antepasados de las tierras colectivas mediante el repartimiento de los resguardos, en contra incluso de la principal reivindicación que enarbolaron los 5.000 indígenas que participaron unas décadas antes en la Revolución de los Comuneros. Para comprobar lo anterior, baste mencionar que el pueblo Chibcha o Muisca de la sabana cundiboyacense no desapareció en tiempos de la Colonia sino en 1860 y que los pueblos Zenú y Pijao fueron declarados extinguidos por decreto en 1912.

Después de tres siglos de dominio español, para muchos de los próceres que lideraron el proceso de emancipación el Nuevo Continente era de los hijos de los conquistadores, porque los indígenas no significaban nada, nada, como lo expresaba en 1809 Camilo Torres Tenorio en el Memorial de Agravios:
“Las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de España; de los que han extendido sus límites, y le han dado en la balanza política de la Europa, una representación que por sí sola no podía tener. Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada, en comparación de los hijos de europeos, que hoy pueblan estas ricas posesiones”.
De esta manera, se organizó la República a imagen y semejanza de los herederos de la Conquista, excluyendo la existencia de los pueblos indígenas y negros, marginando igualmente a los pobres libres de todos los colores y acabando con la base artesanal de la economía.
Los decretos y leyes de 1820 y 1821 que ordenaron disolver los Resguardos indígenas, y de paso acabar con los Cabildos y otras formas de gobierno propio, recibieron la resistencia activa de muchos pueblos a lo largo del país, por lo que la naciente República tuvo que suspender el repartimiento en amplias zonas de la Costa Atlántica, de los Llanos y de la Zona Andina.
Y éste, más o menos, es el país que persiste 200 años después de la Independencia: una minoría que se autoproclama como la Nación, y que ha tomado por asalto al Estado saqueando la riqueza social, y un pueblo en resistencia.

Desde esa época los pueblos indígenas hacemos causa común con los demás oprimidos; nos hemos hermanado con otros sectores sociales y políticos, con el fin de converger nuestra resistencia en una gran lucha de clases por la edificación de una sociedad justa.

En Colombia existimos actualmente 102 pueblos indígenas, dispersos por toda la geografía nacional; habitamos en las costas, desiertos, cordilleras, selva y páramos; constituimos el 3% de la población colombiana (1.300.000 de habitantes aproximadamente) y hablamos 64 idiomas. Estamos organizados de forma tradicional en cabildos y autoridades tradicionales, consejos regionales y organizaciones de carácter nacional; los postulados políticos son: unidad, territorio, cultura y autonomía.

Dentro de la pobreza y la exclusión generalizadas en que ha sido sumido el país, nuestra situación es grave:

En el año 2004 el Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas concluyó que “La situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante”, lo que fue corroborado en otra visita de 2009.

En 2009 la Corte Constitucional declaró que 34 de nuestros pueblos se encuentran en peligro de extinción, afrontando el riesgo “del exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”. Pero aquel número se queda corto. En este instante la ONIC, Organización Nacional Indígena, adelanta una campaña de defensa de otros 32 pueblos indígenas al borde de la extinción, 28 de los cuales cuentan con menos de 200 habitantes.

Esta situación se da dos décadas después de expedida la Constitución de 1991, que reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación, y de la que se ufanan los mandatarios y los medios de comunicación. Pero la misma Corte Constitucional descorre el manto de hipocresía:

“Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales” (Auto 004 de 2009).

Ese Estado y esa sociedad, que desde 2002 tiene nombre propio en Álvaro Uribe y las fuerzas políticas que lo respaldan, son responsables de los más recientes ataques a la supervivencia de los pueblos indígenas:

De un lado, al estar vinculados a la guerra y negarse a las vías negociadas del conflicto armado, son parte responsable en los asesinatos, genocidio y desplazamiento cometidos contra los indígenas;

En segundo lugar, el Gobierno de Uribe ha empeñado sus esfuerzos en retroceder los avances logrados por el movimiento indígena, lo que se refleja en haberse negado en un principio a firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; en expedir desde el Congreso una ley de Desarrollo Rural que suspendía y aún prohibía la titulación de tierras a comunidades indígenas; en desconocer la consulta a los pueblos indígenas al expedir leyes de grave impacto sobre los territorios indígenas como la Ley Forestal; en crear asociaciones indígenas oficialistas en algunas regiones del país; etc.;

En tercer término, al casarse con las multinacionales en el fomento de la inversión extranjera con toda suerte de gabelas, el Estado han generado una presión avasalladora sobre los territorios étnicos, cuyo caso más paradigmático y cruel lo constituye Marmato (Caldas), un municipio de población negra e indígena al que se ha declarado su inminente demolición porque una compañía aurífera canadiense necesita todo el pueblo para hacer minería a cielo abierto.

Pero el colmo de la contradicción entre la protección que el Estado debe a la diversidad y la práctica, se aprecia al constatar que Álvaro Uribe ha roto el pacto establecido en 1820 por la República con los Pueblos Indígenas de reconocer la validez de los títulos de propiedad de los Resguardos entregados por la Corona española. Mediante el Decreto 441 de febrero de 2010 se ha declarado que 55 resguardos coloniales no existen y deben someterse a la expedición de un nuevo título por el Estado, algo equivalente a declarar que tampoco tienen títulos válidos las propiedades de todos los terratenientes del país anteriores a la independencia.

Ante el panorama expuesto anteriormente las organizaciones indígenas de base perteneciente al Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano proponemos las siguientes tesis de discusión:

1. Adoptar como conceptos de lucha indígena en el sur occidente Colombiano los siguientes principios para aplicarlos a la realidad:

a. UNIDAD (Entre los indígenas y con el pueblo oprimido en general).
b. TERRITORIO (Entendido como una construcción histórica, producto de las dinámicas económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas de una comunidad).
c. IDENTIDAD (Como apropiación, rescate y defensa de su cultura).
d. AUTODETERMINACIÓN (En el entendido que solo se puede llevar a cabo mediante la solución de los problemas estructurales de la sociedad).
e. RESISTENCIA (Como lucha contra toda política o acción que vaya en contra de los intereses y valores del pueblo).
f. JUSTICIA (Entendida como igualdad social).
g. MORAL (Entendida como el comportamiento del individuo en bien del interés de la comunidad).

2. Reivindicar los siguientes elementos políticos en nuestra lucha local, regional, nacional e internacional

a. Exigir a las partes que se busquen caminos que conduzcan a acuerdos políticos al conflicto social y armado, y a que se abran las puertas a la reconstrucción verdadera de los pueblos indígenas y de la nación colombiana.
b. Trabajar en unidad con otras organizaciones indígenas y populares por la conquista de reivindicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales.
c. Recuperación, ampliación y saneamiento de territorios sin afectar pequeñas propiedades individuales ni procesos colectivos de otras culturas.
d. Soberanía y resistencia alimentaría en desarrollo de la economía propia.
e. Defensa del patrimonio genético, de la biodiversidad y de los recursos naturales renovables y no renovables amenazados por el TLC.
f. Defensa del patrimonio cultural entendido como usos, costumbres, lengua, creencias, conocimientos, autoridades tradicionales y sitios rituales.
g. Proteger, recuperar y conservar el medio ambiente con el fin de mejorar el modo de vida de las comunidades y como forma de contener el daño ocasionado por las multinacionales, los megaproyectos y por el gobierno a través de las fumigaciones.
h. Ordenamiento territorial de los pueblos indígenas acorde con sus planes de vida.
i. Desarrollo de una legislación y sistema de justicia propios en aras de conformar gobiernos autónomos en defensa de la territorialidad.
j. Garantía del derecho a la salud gratuita y con cobertura total. También el rescate e impulso de la medicina tradicional.
k. Propender por el derecho a la educación gratuita e integral para todos los indígenas. Elaboración e implementación de un modelo educativo multicultural que recoja nuestras realidades organizativas, sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales y que contribuya al desarrollo de los planes de vida y al fortalecimiento de procesos productivos autóctonos; y que permita el acceso al conocimiento científico y tecnológico en favor de los pueblos indígenas.
l. Exigir el reconocimiento y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas como también el respeto pleno a los derechos humanos por parte del Estado.
m. Integración con otros pueblos indígenas y no indígenas de Latinoamérica en defensa de la integración de los pueblos, de la soberanía nacional y en contra de toda forma de saqueo y opresión.

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