SOBERANÍA NACIONAL

EN EL BICENTENARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA

La conmemoración del Bicentenario del Grito de Independencia del 20 de Julio de 1810 nos invita a reflexionar en torno al significado y la concreción de un asunto que suele estar vinculado: el asunto de la Soberanía. De esta manera, habríamos de iniciar con la pregunta ¿qué es Soberanía? Y continuar con las de ¿cuál es la importancia de la Soberanía?, ¿cuál es la situación en la que se encuentra este asunto de la Soberanía en nuestro país después de 200 años de vida republicana? Y, finalmente, la de ¿qué es necesario para que se construya y fortalezca la Soberanía Nacional y Popular en Colombia?

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SOBERANÍA

Podríamos pensar, en primer lugar, que la Soberanía se define como el ejercicio exclusivo de la autoridad sobre un determinado territorio nacional por parte de un Estado, ejercicio que excluye la intromisión de cualquier otra autoridad civil y militar, tanto extranjera como interna, en dicho territorio. Sin embargo, con el objetivo de no quedarnos en una definición meramente formal de Soberanía, se hace necesario preguntarnos por la forma de existencia, de funcionamiento y de orientación de la mencionada autoridad; es decir, por el quién, de qué manera lo hace y con qué propósitos y en beneficio de quién la ejerce: en ese sentido, debemos afirmar que la Soberanía implica también la cada vez más efectiva y democrática participación del pueblo –de los diferentes sectores sociales que lo integran- en la discusión y la toma de las decisiones referentes a la solución de su problemática y, por supuesto, con el fin de mejorar las condiciones de vida y garantizar el bienestar de la totalidad de la población de la Nación.

Entonces, un concepto íntegro de Soberanía incorpora aspectos no solamente políticos o político-militares sino también los aspectos económicos, sociales y culturales. Así, nos proponemos llevar a cabo un breve balance de la historia y de la actualidad de nuestro país, teniendo como referencia este entendimiento del asunto de la Soberanía.

LA SOBERANÍA COLOMBIANA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Desde el mismo proceso de la Independencia, nuestra Soberanía Nacional ha tenido muy fuertes enemigos

RUPTURA CON EL NEOLIBERALISMO:

HACIA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SOBERANO

Las políticas económicas neoliberales, implementadas en Colombia desde hace veinte años y profundizadas durante estos dos últimos períodos presidenciales, han conducido al debilitamiento del aparato productivo nacional, de su capacidad para la generación de empleo en condiciones de dignidad para las trabajadoras y los trabajadores, han provocado el aumento de la concentración de la riqueza, de la desigualdad de oportunidades para la satisfacción de las necesidades de las colombianas y los colombianos y, por la misma vía, han llevado a magnitudes escandalosas los fenómenos de la pobreza y la indigencia en nuestro país.

Continuar por el mismo camino implica profundizar semejante problemática, implica seguir fragmentado los tejidos sociales de las diferentes comunidades que hacen parte de la Nación colombiana y, con ello, implica aplazar todavía más la solución estructural del conflicto social y armado que padece el país.

En ese sentido, es necesario llevar a cabo una ruptura con respecto a este modelo económico, es necesario replantear las relaciones entre el Estado y la economía, es necesario abandonar la dogmática neoliberal según la cual los mercados se regulan a sí mismos y, por lo tanto, constituyen el mejor mecanismo para la asignación de los recursos. Por el contrario, debemos reconocer que la actual crisis económica mundial es la crisis de dichos mercados autorregulados y, a partir de este reconocimiento, debemos afirmar que la existencia del Estado no puede tener sentido sino en virtud de su función social en cuanto que promotor de las capacidades productivas y en cuanto que garante efectivo de la realización de los Derechos Sociales de la población colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos:

POLÍTICA PARA LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES:

1. El replanteamiento de la apertura comercial y del énfasis exportador del modelo económico vigente, fortaleciendo los vínculos con América Latina; puesto que la apertura unilateral de 1990 condujo a una inundación de importaciones en nuestro medio y, por esa vía, a una situación cada vez más complicada para los productores nacionales quienes competían con dichas importaciones y, como su consecuencia, las pérdidas irrecuperables de empleos en buena parte del sector manufacturero durante los últimos veinte años. Del mismo modo, los gobiernos que inician en 1990 han venido poniendo el énfasis en las exportaciones de recursos mineros y productos agrícolas que no requieren un proceso significativo de transformación y no vinculan otros sectores de la economía, haciendo evidente que el sector exportador colombiano no ha sido capaz de generar empleos masivamente y, mucho menos, empleos de calidad.

Es decir, al contrario de lo que plantean los portavoces del neoliberalismo, podemos observar cómo este modelo no ha contribuido con el aumento del bienestar de las mayorías sino al aumento de las ganancias de unas pocas empresas exportadoras de bienes primarios. Y, esta dinámica se profundizará con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, puesto que las empresas que integran la poquísima base industrial sobreviviente quedarían expuestas a condiciones más difíciles en cuanto a la competencia con empresas transnacionales, mientras que las empresas de exportación de productos primarios seguirían beneficiándose: ni más ni menos que el retorno al modelo primario-exportador del siglo XIX, el cual está marcado por relaciones de dependencia entre el país subdesarrollado y la potencia hegemónica o metropolitana.

Por el contrario, podría llevarse a cabo una construcción de relaciones económicas internacionales más democráticas a partir de la profundización de nuestro comercio y demás relaciones económicas con nuestros vecinos más cercanos, con Suramérica en particular y América Latina en general, por supuesto, sin plantearnos una ruptura con el resto del mundo: con ellos, hasta el momento y en la medida en que se trata de países con niveles de desarrollo similares, son dinámicos tanto el comercio de manufacturas como las inversiones y, paulatinamente, en el futuro cercano es necesario pensar en la elaboración de planes multinacionales de desarrollo que reconozcan explícitamente la complementariedad de estas economías y aprovechen las oportunidades que esta complementariedad sugiere.

Apoyando esta nueva forma de gestión de nuestro sector externo, es bastante conveniente el establecimiento de un sistema de control de cambios y de administración de las reservas internacionales a partir del interés público nacional: su propósito debe ser, por un lado, el desestímulo al ingreso de capitales internacionales especulativos y el favorecimiento de aquellos que se destinen a la inversión productiva; por otro lado, su objetivo es fortalecer las exportaciones y promover las importaciones de máquinas e insumos que no se producen internamente y que pueden contribuir con el progreso de la producción industrial y agropecuaria nacionales.

POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL:

2. El rediseño o reorientación del sistema financiero, cerrándole el paso a los comportamientos especulativos y poniéndolo al servicio del financiamiento de las actividades productivas. Más que el asunto del mejoramiento de los sistemas de supervisión bancaria, que también es preciso hacerlo, se trata de no seguir permitiendo que ganancias astronómicas de unos pocos se fundamenten en la miseria y el sufrimiento de las mayorías. Ha llegado el momento en que el sector financiero distribuya una buena parte de los recursos que le ha extraído ininterrumpidamente a la sociedad colombiana durante los últimos veinte años y que se han venido acumulando en sus manos. Con tal propósito, debe organizarse un sistema financiero que facilite el acceso al crédito con criterios de justicia económica y en concordancia con las necesidades de financiamiento de las diferentes actividades económicas y de los diversos sectores sociales. Esto significa que la tasa de interés no puede seguir siendo un instrumento de expropiación de la riqueza a favor del sector financiero y, por lo tanto, que el Estado debe diseñar mecanismos de control sobre la misma.

Parte clave de este rediseño o reorientación del sistema financiero pasa por la reestructuración de la política de endeudamiento público, trascendiendo los meros criterios de sostenibilidad financiera y posibilitando la autonomía del gasto público respecto del pago de la deuda. Para ello, debe llevarse a cabo un riguroso proceso de auditoría de la deuda pública, con el objetivo de determinar la naturaleza de las obligaciones financieras en que ha incurrido el Estado colombiano en los últimos veinte años y, en particular, durante los últimos dos períodos presidenciales. Su resultado será la discriminación entre, por una parte, deuda ilegítima, que debe repudiarse y no pagarse y, por otra, la deuda legítima, que será objeto de renegociación en términos de que la prioridad de gasto público debe ser la financiación de la política social, de la inversión en infraestructura y de la promoción de las capacidades productivas nacionales.

Junto con ello, es primordial la realización de una reforma tributaria estructural, la cual promueva una equitativa distribución de la riqueza; es decir, una reforma que marque el acento en los impuestos directos más que en los indirectos: no puede seguir sucediendo que la mayor parte del peso del financiamiento del Estado repose en los hombros de los más pobres mientras que las élites siguen siendo los beneficiarios de la actividad estatal. O sea, no puede seguir ampliándose la base y la tasa de cobro del IVA, no puede seguir existiendo indefinidamente el impuesto a las transacciones financieras, no puede seguir incrementándose la sobretasa a la gasolina, impuestos que terminan pagando la totalidad de las colombianas y los colombianos, mientras que la reducida minoría de grandes propietarios son favorecidos con exenciones, excepciones, subsidios y demás.

Más bien, la función de la tributación debe ser la redistribución de la riqueza en pos de la equidad, dándole contenido al mandato constitucional de construcción de un Estado Social de Derecho para Colombia, traduciéndose en el hecho de que quienes más riqueza reciben de la sociedad le retribuyan a la misma una parte de esos recursos y ésta, a través del Estado, asigne dichos recursos abriendo oportunidades a quienes no cuentan con ellas, en procura de la superación de las dinámicas de pobreza, miseria y exclusión.

Sin embargo, con el fin de fortalecer estas nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad colombiana y el sector financiero se hace fundamental la reforma del régimen del Banco Central, ampliando sus funciones hacia la articulación de la política monetaria con las políticas de industrialización, de promoción de las exportaciones y de fomento a la producción agropecuaria. Por tal motivo, a la Junta Directiva del Banco de la República debe permitírsele abandonar su obsesión con la lucha contra la inflación y comprometérsele con el desarrollo de las fuerzas productivas de la Nación. Para ello, aun conservando su autonomía, esta entidad debe estar más articulada al diseño y ejecución de la política económica y, a su vez, contar con herramientas más potentes para el desempeño de sus funciones, en particular en lo que respecta a los temas crediticios y cambiarios. Así mismo, a partir de múltiples mecanismos, deberá ejercerse un control democrático sobre la gestión de la misma.

POLÍTICA SECTORIAL:

3. La generación de una política de industrialización articulada con una política de fomento a la producción agropecuaria: es necesario fortalecer una base industrial que, aparte de proveer las mercancías necesarias para el consumo de los colombianos y para la exportación, también sea una fuente de generación masiva de empleo y, en particular, de empleo de calidad. Una base industrial que, a su vez, tenga como uno de sus criterios básicos de funcionamiento, el respeto y el mejoramiento del eco-sistema en cada una de las regiones y localidades en que se establezca, a través de la utilización cada vez más intensa de sistemas tecnológicos no contaminantes: por supuesto, esto último exige un esfuerzo por el desarrollo de este tipo de tecnologías, en términos tanto financieros como investigativos, de aprendizaje, implementación y asistencia. Así mismo, es imprescindible la conformación de una política de promoción a la micro, pequeña y mediana empresa en articulación con grandes empresas privadas y públicas, en los sectores de producción de alimentos, de materias primas y de manufacturas, propiciando encadenamientos productivos intersectoriales.

Del mismo modo, la producción agropecuaria debe tener como propósito la seguridad y soberanía alimentarias, esto es el pleno abastecimiento interno de alimentos y también buena parte del abastecimiento de materias primas. En este sentido, la política estatal debe privilegiar los cultivos para la producción de alimentos y garantizar la posibilidad de llevar a cabo este tipo de producción combinando diferentes formas de propiedad privada, estatal y colectiva, favoreciendo condiciones de vida digna para las comunidades campesinas y de mejoramiento continuo de la situación laboral de los trabajadores asalariados rurales. Por supuesto, como requisito previo de esta nueva organización del campo colombiano se hace ineludible la realización de una reforma agraria, la cual no sólo distribuya la propiedad territorial sino que también permita la apropiación de herramientas y formas de producción que faciliten y hagan más fructífero este tipo de actividad.

También, se hace obligatoria la reestructuración de la política de hidrocarburos y de la política referente a los demás recursos mineros, con miras al manejo soberano de estos recursos estratégicos, pues se debe pasar de la simple extracción y exportación a la transformación industrial de los mismos, procurando la vinculación de empresas nacionales, privadas y públicas, a estas actividades. Con ese propósito, es urgente la revisión de los términos de los contratos de concesión de su explotación, renegociándolos o cancelándolos en los casos a que haya lugar, en la búsqueda de proteger y mejorar la calidad del empleo de los trabajadores de esas explotaciones, el bienestar de las comunidades circundantes y el eco-sistema de las regiones en cuestión.

POLÍTICA SOCIAL:

4. La organización de un régimen de contratación laboral fundamentado en la promoción de la estabilidad y el reconocimiento y garantía de las demás condiciones y derechos característicos del trabajo decente: en la medida en que reconocemos que la riqueza no surge sino a través de la aplicación del trabajo sobre diversos objetos, materias primas, información, etc., en esa misma medida, reconocemos que debe promoverse el mejoramiento permanente de la calidad de vida de los seres humanos que realizan este ejercicio. Porque son las trabajadoras y los trabajadores quienes crean la riqueza: entonces, no solamente deben ser bien remunerados sino que deben contar con garantías técnicas, económicas y sociales para el cumplimiento de su labor y para el pleno desarrollo de sus capacidades y el disfrute de su vida misma. Del mismo modo, la política estatal debe tener como uno de sus objetivos más importantes la eliminación del desempleo, sin descontar la ayuda que puede brindar una política amplia de ingreso mínimo o subsidio a los desempleados, puesto que este fenómeno no sólo se traduce en una ausencia de ingresos para las desempleadas y los desempleados sino también en un atentado a su autoestima y dignidad.

En ese sentido, es precisa la realización de una reforma al sistema de protección social, en donde los recursos financieros del mismo sean controlados por el Estado y su administración tenga como objetivo, en lugar de la obtención de ganancias para los especuladores privados, la mejoría del bienestar de la población. Es decir, un sistema de protección social fundamentado en principios de universalidad y de solidaridad intersectorial, intergeneracional y entre los diferentes sectores sociales; un sistema en el cual se contemplen y atiendan en su integridad las diversas problemáticas propias de los momentos de la niñez, la juventud, la madurez y la vejez de mujeres y de hombres; un sistema que haga énfasis en la prevención de la enfermedad y en donde el ser humano no se considere como un usuario o un cliente sino como un paciente a quien debe respetarse su dignidad.

Además, es fundamental la edificación de un sistema nacional de educación que integre los niveles básico, medio y superior técnico, tecnológico y profesional, un sistema en el cual se fortalezca la educación pública y el acceso por parte de todas y todos las niñas y los niños, las y los jóvenes. Un sistema que promueva la generación de competencias y la apropiación de los valores democráticos de la sociedad contemporánea. Pero que contribuya no sólo con las competencias laborales sino también con la formación de ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y creativos, más allá de tratar a estas colombianas y estos colombianos como simples datos que presentan éxitos en cuanto a aumentos de la cobertura y contribuyen con la mentirosa legitimación de la gestión de la política social. Un sistema educativo que no excluya a quienes no poseen recursos y que no los condene a ingresar en instituciones, mercantiles más que educativas, que ofrecen programas de baja calidad y que, por eso mismo, reproducen las brechas de ingresos entre las distintas categorías ocupacionales.

POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA ECONÓMICA

5. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Planeación desde una perspectiva no tecnocrática, en la que cobre cada vez mayor importancia la participación ciudadana y se puedan expresar las dinámicas regionales en la elaboración, ejecución y control de los planes de desarrollo locales y nacionales. En este sistema deben expresarse los intereses de los diferentes sectores sociales y económicos, los intereses de las distintas regiones y de la diversidad de comunidades que integran la Nación colombiana, con el objeto de que la concepción, el diseño y la ejecución de la política económica sea el resultado de la discusión política en torno a ella, y su puesta en marcha y mecanismos de control sean lo más representativos y participativos posibles. Aquí ratificamos que no se trata de soslayar las diferencias existentes o de rechazar la pluralidad de formas de vida y de pensamiento en función de una homogeneización autoritaria, por el contrario de lo que se trata es justamente de la construcción de una sociedad en donde se asegure a sus ciudadanos “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana” *

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