EL PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA

1. DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS, AL MODELO LATIFUNDISTA VIOLENTO Y MAFIOSO
La expropiación histórica de los territorios, indígenas, afros y campesinos, a través de la violencia por medio del poder del capital, ha conllevado a la expansión y consolidación de un modelo latifundista, cuyas raíces se extiende desde la colonia, pasando por las diferentes etapas de la vida republicana.

Este modelo de acumulación capitalista, basado en el acaparamiento de la propiedad de la tierra, es un círculo vicioso que va desde la colonia se extiende por la vida republicana y se replica a lo largo de las guerras y violencia cuyo propósito ha sido la expansión del modelo y la acumulación de capital.

Las etapas de violencia más recientes en la vida republicana ha permitido despojar violentamente al campesinado de sus tierras, asesinarlo y desplazarlo, tal como lo muestra las cifras de la violencia de los años 48 al 59 del siglo pasado que dejó las tierras del gran Tolima y del Valle del Cauca en manos de los grandes latifundistas y empresarios de la agricultura comercial. Doscientos mil campesinos asesinados, y dos millones de desplazados. La etapa actual de la violencia que aún no termina, y que se inició en la década de los años 80 del siglo pasado, ha dejado cerca de trescientos mil asesinados, más de cinco millones de campesinos desplazados y más de diez millones de hectáreas arrebatadas al campesinado, a los indígenas y afrosdescendientes.

Según un informe de la Contraloría General de la Nación en el año 2000, precisaba que los propietarios entre 200 y 2000 hectáreas en el país pasaron de ocupar 32.792.095 hectáreas en 1985 a poseer 48.236.204 hectáreas en el año 2000, es decir, registraron un aumento del 47.09, estas cifras coinciden con una de las etapas más violentas que ha vivido el campesinado y sus territorios, también coincide con el surgimiento del narcoparamilitarismo como estrategia de estado para detener el avance de la izquierda en Colombia.

2. LAS POLÍTICAS ANTICAMPESINAS DEL RÉGIMEN:
El sistema de acumulación capitalista y el modelo neoliberal ha declarado inviable al campesinado. El proceso de apertura económica impulsado con mayor profundidad después de la constituyente del 91, siguiendo los lineamientos del FMI, B.M, la OMC y el BID bajo los parámetros del consenso de Washington, sentó los cimientos de la desigualdad y exclusión social en el campo colombiano, a su vez puso los recursos económicos del Estado al servicio de la modernización de las haciendas latifundistas y el apoyo a la agricultura comercial, agronegocios, los agrocombustibles y las concesiones mineras. Las consecuencias están a la vista: seiscientos mil pequeños empresarios rurales quebrados, crecimiento de las importaciones de alimentos agrícolas a tal punto que pasamos de importar 1.500.000 toneladas de alimentos en 1992 a 9.800.000 toneladas en el 2009.

De otro lado, el fallido Estatuto de Desarrollo Rural o Ley 1152 de 2007, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, luego de la demanda interpuesta por el movimiento campesino, indígena y afro; impulsado desde su inicio por el presidente Uribe y su Ministro de Agricultura de ese momento Luis Felipe Arias, quienes se confabularon con los miembros de la Comisión V del Congreso, Senadores Álvaro Araujo, William Montes, Julio Mansur, entre otros, (acusados de tener vínculos con el paramilitarismo) pretendía legalizar los años de cosecha de violencia a través de las escrituras chimbas de las tierras robadas violentamente a los campesinos a lo largo y ancho del territorio nacional. Podemos decir que desde el régimen se ha conjugado de un lado la violencia como instrumento de despojo y de otro lado, la aprobación de leyes, dirigidas a legalizar el despojo y la consolidación de un modelo entreguista, latifundista, militarista y estratista.

Es de anotar que este intento de legalizar el despojo a los campesinos, ha estado acompañado de otras propuestas de ley dirigidas a la usurpación de los territorios y bienes naturales, tal es el caso de fallidas leyes como la Ley Forestal, Ley de Bosques, Ley de Agua, Ley de Páramos y la Ley Minera que consolida las políticas de concesión en toda la nación. Otro instrumento utilizado, cuando han fracasado los intentos legislativos ha sido plasmar estas políticas en los planes nacionales de desarrollo

3. UN CAMPO SIN CAMPESINOS:
En uno de los discursos del Presidente Uribe, durante su segundo Gobierno, en el departamento del Meta, manifestaba que veía todo el territorio nacional sembrado de palma aceitera, es en ese modelo de agricultura agroexportadora hacia donde se ha dirigido la actual política del Estado colombiano, se prevé que hacia el 2019 hayan sembradas seis millones de hectáreas de cultivo de palma, cuyo objetivo es la exportación de materia prima de aceite, principalmente a la Unión Europea y la producción de agrocombustibles. También se prevé la duplicación de siembra de caña en los próximos años o más de 1.300.000 hectáreas, así mismo la siembra de 1.000.000 de hectáreas de yuca amarga, todo dirigido a garantizar la producción de agrocombustibles. Este modelo además de especulativo y mafioso, como quedó demostrado con el robo de más de 35 mil millones de pesos entregados por el Ministerio de Agricultura, a través del Programa Agro ingreso Seguro (Ley 113 de 9 de abril de 2007) a testaferros y latifundistas; es un modelo altamente depredador, destructivo que arrasa con la biodiversidad, la fauna, los bosques, el agua, la tierra, criminaliza y desplaza campesinos

Las alianzas productivas, propuestas por ex ministro de agricultura Carlos Murgas, empresario palmero del Cesar en la Costa Caribe, donde se invitaba al campesinado a ser socio, pretendía convertir al campesino en peón de la gran hacienda, negando de paso la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma agraria democrática. Acompañado de lo anterior, se ha llevado a cabo el desmonte de la institucionalidad pública que prestaba apoyo a las comunidades rurales, dejando en mano del clientelismo y la politiquería temas tan importantes como la adjudicación de tierras, créditos, el saneamiento a la propiedad y la entrega de baldíos, así como la asistencia técnica, entre otros. Entonces podemos concluir que estamos asistiendo a una política de desalojo territorial, de un acelerado despoblamiento de las regiones rurales, lo que significa hacia el inmediato futuro, tener un campo sin campesinos.

4. LA ECONOMÍA CAMPESINA BASE DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA:

A pesar del abandono del Estado colombiano hacia la población rural, la economía campesina sigue siendo el principal productor de alimentos agropecuarios en el país, por encima del gran latifundio. El campesinado con un aproximado al 9% de la propiedad rural produce cerca del 49% de los alimentos en el país, entre tanto el latifundio con el 62.1% de la propiedad rural, produce menos del 10% de los alimentos de origen agropecuario que consumimos los colombianos.

La población campesina sigue siendo un porcentaje poblacional importante, hoy representa aproximadamente el 27% de la población total colombiana, o sea unos 12.000.000, que se subdivide poblacionalmente así: 5.400.000 campesinos, 1.600.000 indígenas con 87 etnias y unos 4.000.000 de afrosdescendientes. Como hemos visto en las páginas anteriores, el proceso de despojo y reconcentración de la propiedad rural en pocas manos, ha estado acompañado en el período del Estado comunitario y de la “seguridad democrática” en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de una serie de normas jurídicas que buscan asfixiar a la economía campesina, ya de por sí golpeada duramente por la política de guerra y exterminio del Estado contra el campesinado, a la que se le ha sometido en las últimas dos décadas. Ejemplos como la ley 1030 de 2006 que abre las puertas a la privatización de semillas y plantas en nuestro territorio nacional, beneficiando con ello a transnacionales como Monsanto, que monopolizan el mercado de las semillas y los alimentos; los decretos 2838 y 616 de 2006 que impide la comercialización de leche cruda, perjudicando gravemente la economía campesina y los pequeños ganaderos, favoreciendo con ello a empresas monopólicas como Alpina, Nestlé y Frieland, Parmalat, Danone Yoplait y las nacionales como Colanta, Alquería, Colecheras, Siledco. En el caso de la panela, la resolución 779 de 2006 que obliga a modernizar los trapiches, que sobrepasan el valor de cada uno los 100 millones de pesos, con esta política se quiebran los pequeños productores artesanales de panela, favoreciendo a los grandes ingenios e industriales azucareros; la resolución 4287 del 21 de noviembre 2007 del Invima, tanto en la resolución 000957 del ICA de abril 2 de 2008 que prohíbe la crianza y sacrificio de pollo y gallinas ponedoras, perjudicando fundamentalmente a los campesinos que verán las parcelas sin aves de corral, favoreciendo la hambruna y el desabastecimiento alimentario en el campo. El Decreto 1500 de 4 de mayo de 2007 que prohíbe el sacrificio de ganado vacuno y la venta de carne al aire libre.

De otro lado, el proceso de globalización capitalista, que los gobiernos nacionales toman como justificación para liberalizar los mercados y en el caso concreto de Colombia, la firma de Tratados de Libre Comercio como los que se adelantan con EEUU, Canadá y la Unión Europea, abren el camino a la total destrucción de la producción nacional agropecuaria. El reciente acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia arruinará a los pequeños y medianos lecheros colombianos que no podrán competir con los altos subsidios que los países de la U.E. proporcionan a sus granjeros; como vemos las políticas oficiales están dirigidas a garantizar la penetración de las importaciones sin ningún tipo de barrera protección a la producción agrícola nacional. Detrás llegan las transnacionales que aprovecharan la feria del territorio como la oportunidad de un gran negocio.

La Soberanía Alimentaria que es un derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo (Declaración Nyeleni, febrero de 2007). Este postulado está en veremos en Colombia no solo por la reducción drástica de los cultivos para la producción de alimentos y las importaciones masivas de los mismos; ante el campo colombiano se cierne un peligro mayor, el de los transgénicos, cerca de 36.000 hectáreas de maíz transgénicos se ha sembrado en el país y su radio de acción está localizado en 10 departamentos, igual ha sucedido con el algodón y ya se ha autorizado por las autoridades sanitarias la siembra de soya, así como la investigación y la producción de papa, yuca, arroz, pastos, girasol, remolacha, claveles, entre otros.

5. LOS PROCESOS DE COLONIZACIÓN, LOS CULTIVOS DE USO ILICITO Y LA POLÍTICA ANTIDROGA:
Desde los años 60 de la década anterior, se propició desde el Estado colombiano una política de impulso a la colonización dirigida a ampliar la frontera agrícola. Pronto surgieron pueblos en medio de la selva, familias enteras que huían de la violencia o incluso buscando nuevas oportunidades que no habían tenido al interior de la frontera agrícola.

Ante el abandono del Estado y falta de infraestructura, el campesinado de estas regiones no les queda otro camino que el de los cultivos ilícitos. Ante la incapacidad del Estado de dar solución a esta problemática por medio de políticas de inclusión social y desarrollo económico a los territorios de colonización, dio prioridad a un tratamiento de guerra y criminalización a los campesinos productores de hoja de coca y marihuana, las políticas de erradicación forzosa, las fumigaciones y militarización, han agudizado la situación de miles de familias que hoy se debaten en la pobreza, miseria y exclusión social.

Las políticas antinarcóticos impuestas por los Estados Unidos de Norteamerica, están dirigidas a combatir los efectos y no las causas, después de 12 años del Plan Colombia, se reconocen que en el país existen 68.000 hectáreas sembradas de coca, cuando se ha fumigado en este mismo tiempo cerca de 800.000 hectáreas, lo que deja ver no solo el gran daño ambiental que ha generado si no el rotundo fracaso de esta política.

Las comunidades cocaleras han propuesto una política concertada para solucionar este conflicto, que necesariamente pasa por una profunda política agraria incluyente, cuyo eje sea la reforma agraria radical que rompa el espinazo al gran latifundio.

6. PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA AGRARIO

1. Construcción de una Política Agraria Incluyente cuyo eje sea la concreción de una Ley de Reforma Agraria Radical que erradique el latifundio y democratice la propiedad de la tierra en Colombia

2. Solución Política del conflicto social y armado a través de un Acuerdo de Paz, refrendado en una Asamblea Nacional Constituyente

3. Revocatoria a los Tratados que lesionan gravemente la producción nacional, los territorios, el medio ambiente, los ecosistemas y a la Madre Tierra

4. Un Programa concertado con las comunidades campesinas productoras de hoja de coca que posibilite su inserción económica, social y política en el desarrollo de la vida nacional.

5. Apoyo a las organizaciones sociales del campesinado, indígenas y Afrosdescendientes, cuyo cimiento sea el respeto e inviolabilidad del derecho de asociación, movilización y participación con poder de decisión.

6. Cese de las importaciones, los agronegocios, las concesiones mineras y fomento de la producción nacional agropecuaria y la agroindustria campesina.

7. Respeto de los territorios indígenas, afrosdescendientes y zonas de reservas campesinas

8. Apoyo y fortalecimiento de la agricultura agroecológica, de las semillas nativas. Prohibición constitucional de las semillas transgénicas, de patentización de la vida animal, fauna y humana.

9. No a la transnacionales y sus proyectos privatizadores del agua, la fauna, los ecosistemas y los territorios
10. Reconocimiento e inclusión en las políticas agropecuarias del Estado colombiano del Mandato Nacional Agrario como ejes de Política Pública Nacional Agropecuaria.

11. Garantía constitucional y efectiva al campesinado del derecho a la salud y pensión, la educación, el agua potable, y reconocimiento de la economía campesina como fundamental para la nación colombiana.

12. Reconocimiento político del campesinado, como sujeto de derechos específicos y actor social diferenciado, con identidad propia, pluricultural.

cabildo.agrario@gmail.com

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