Las organizaciones sociales, populares, sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes, de mujeres y víctimas que sesionamos hoy 20 de julio en Cabildo Abierto en el marco de la conmemoración del Bicentenario de los pueblos del nororiente: 200 años de organización, lucha y resistencia, proclamamos:

Sector Obrero y popular

Los trabajadores y la población pobre soportan las condiciones nefastas de la imposición del modelo neoliberal. La privatización de empresas, el desempleo, la flexibilidad laboral y la precarización de las condiciones del trabajo (aumento de la jornada de trabajo, disminución de salarios, perdida de derechos etc.) son algunos de los efectos que ha traído la imposición del neoliberalismo en la vida cotidiana de los trabajadores del nororiente de Colombia. A esto hay que agregarle la persecusión y violencia desatada contra los dirigentes sindicales que se manifiesta en la desaparición de sindicatos y la reducción del tamaño de los existentes, al mismo tiempo se observa la reducción del personal de planta de las empresas públicas departamentales y municipales, con la generalización del empleo precario y la tercerización a través de cooperativas. Incluso, se ha dado el caso que los municipios estén adelantando contratos con la policía nacional para reemplazar el personal civil en ciertas ramas de la administración local. Todos estos factores de precarización laboral se viven en los diversos sectores económicos de la región, incluyendo la explotación de petróleo y minerales, la agroindustria, el transporte, el sector docente y sanitario. En general, los sectores populares de nuestra región soportan el impacto de los Megaproyectos (hidroeléctrica de Sogamoso), de la explotación minera y de cultivos agroindustriales (como la palma aceitera). Todas estas actividades económicas, impuestas de manera inconsulta a las comunidades, destruyen de manera irreversible los ecosistemas y contaminan nuestras aguas, suelos y aire, al tiempo que fomentan el despojo y la expulsión de importantes sectores de la población pobre y la eliminación de actividades económicas de auto subsistencia (pesca, agricultura, pequeña minería) imprescindibles para nuestra supervivencia digna como seres humanos. Gran parte de los habitantes de nuestros municipios soportamos la falta e ineficiencia de servicios públicos: carencia de alcantarillado y agua potable, vías públicas en pésimo estado, cierre de escuelas y hospitales, déficit y encarecimiento de la vivienda. Este panorama adverso para los trabajadores y los sectores populares no ha impedido nuestra organización, movilización y lucha contra el modelo neoliberal y todas sus secuelas. En concordancia, exigimos el impulso de un PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y REGIONAL en el cual se recupere el carácter social del Estado, se reduzca el gasto militar al mínimo indispensable, se detenga la construcción de los Megaproyectos, se respeten las economías pesqueras y campesinas de auto subsistencia, se garantice la organización sindical y se ponga fin a la flexibilización y precarización laboral, y se oriente la inversión social en beneficio de las comunidades pobres.

Sector Derechos humanos y víctimas de crímenes de Estado

Las organizaciones de desplazados y víctimas de la violencia militar y paramilitar nos expresamos para denunciar que las masacres, asesinatos, persecusiones y atropellos de que hemos sido víctimas responden a la puesta en práctica de las condiciones para la acumulación de capital por parte de las compañías transnacionales a las que la oligarquía colombiana ha entregado el territorio y los recursos naturales de la nación. En esta coyuntura de conmemoración de la lucha por la independencia manifestamos nuestra voz de reclamo para exigir: 1. La devolución de las tierras despojadas al campesinado en el Nororiente colombiano, 2. la rectificación de las acusaciones y macartizaciones, el cese de los montajes judiciales, y la depuración de las Fuerzas Militares a fin de brindar garantías efectivas a las organizaciones populares para ejercer sus derechos políticos a la participación, la protesta y la movilización. 3. La promulgación de una ley de víctimas que conlleve al esclarecimiento de la verdad y conduzca a procesos de justicia y reparación para quienes hemos sufrido la violencia del Estado. 4. La ejecución de una propuesta que permita una salida política negociada al conflicto social y armado que se vive en Colombia desde hace 60 años.

Sector Mujeres

Las organizaciones de mujeres expresamos que además de experimentar problemáticas similares a las de los desplazados, las víctimas de la violencia, el campesinado, los estudiantes, los trabajadores, y obreros y en general del pueblo colombiano, somos objeto de otra serie de violencias que implican un mayor sometimiento y explotación. Por tal razón, el movimiento de mujeres además de unirse a los reclamos por la defensa de las zonas de reserva y la economía campesina, y de rechazar la entrega del territorio y los recursos naturales a los monopolios trasnacionales, exige respeto a su dignidad como mujer y demanda el derecho a su libertad para disponer sobre su cuerpo. En este sentido reclamamos una legislación que permita una equitativa participación política a la mujer, que garantice condiciones sociales a las madres cabeza de hogar y que haga justicia efectiva ante los abusos de que es objeto la mujer en el trabajo, el hogar y los distintos espacios en que nos desenvolvemos.

Sector campesino, indígena y afrocolombiano

Las tierras de mayor fertilidad en los valles, planes, piedemontes del Nororiente están en manos de la gran propiedad terrateniente, que en alianza con el gran capital, se dedican al cultivo de la palma aceitera con fines comerciales inducidos por las grandes ganancias que genera este tipo de materia prima para el negocio de capitales transnacionales, ligados a grandes extensiones de tierra en manos de los latifundistas. Para ello, se desplaza a los campesinos medios y pobres de las tierras fértiles a zonas de vertientes, generalmente inundables e inhóspitas y de difícil acceso; presentándose, como resultado, mercados fragmentados, afectados por intermediarios y con dificultades para transportar sus productos. Esto permite el predominio, ante todo, de cultivos perecederos; situación que conduce a mercados internos desorganizados y afectados por la inestabilidad de precios.

Un análisis integral de la problemática del desplazamiento forzado correlaciona la violencia generalizada, que genera destierro y despojo, con ciertos intereses asociados al uso del suelo y el subsuelo; así como a procesos de acumulación vertiginosa e ilegal de tierras y territorios en el marco de mercados especulativos.

En síntesis, las actividades económicas de la región son esencialmente de carácter extractivo, en el sentido que una proporción importante del valor agregado producido queda por fuera de la misma y no se reinvierten estos excedentes en la construcción de región. Esta contextualización permite considerar que la estructura económica del Nororiente colombiano está soportada en las siguientes dinámicas:

Economía extractiva: minería aurífera; carbonífera, explotación maderera; enclave petrolero; enclave palmero, ganadería extensiva, producciones avícolas a gran escala y producción de hoja de coca.

Economía campesina: producción de alimentos con base en cultivos tradicionales; pesca artesanal y piscicultura, con escasa agregación de valor, esto es, actividades que no forman parte de encadenamientos económicos.

Agricultura comercial: producción de cultivos “comercializables” con destino industrial (arroz, sorgo, maíz tecnificado, palma).

Frente a la situación planteada, las comunidades de campesinos, indígenas y afrodescendientes, presentamos ante el Estado colombiano, desde sus niveles nacional, departamental y local, las siguientes propuestas y exigencias:

1. Garantizar el retorno de la población campesina afectada por el conflicto y el desplazamiento, generando las condiciones culturales, sociales, ambientales y económicas de permanencia en su territorio, con criterios de solidaridad y cooperación entre sus habitantes y de respeto a la vida, a sus tradiciones y en condiciones de seguridad.

2. Colombia no puede existir sin el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, que incluye a las comunidades indígenas y afrodescendientes; esto exige del Estado el respeto y la protección integral de sus integrantes; así como de sus territorios y de sus bienes colectivos.

3. Recuperar y reconocer las Zonas de Reserva Campesina, figura jurídica que se identifica como integral para garantizar el acceso y protección del derecho a la tierra y la protección ambiental del territorio.

4. El Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones, por ser esencial para la vida de todas las especies y para las generaciones presentes y futuras. El agua debe ser reconocida como un bien común y público.

5. La actualización y ejecución del Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del magdalena Medio, elaborado desde las comunidades para la Región. Se pretende, desde este enfoque, un desarrollo independiente, autogestionario y participativo, que sea la base para un orden en el que se concilie el crecimiento económico y la distribución de la riqueza; la solidaridad y el crecimiento de todas y cada una de las personas.

6. Legislar e implementar una Reforma Agraria a partir de las especificidades regionales, que supere el latifundio improductivo y coloque el sector agropecuario en condiciones optimas de articulación con el desarrollo agroindustrial.

7. Fortalecer la construcción de las organizaciones sociales, culturales, y comunales que se inscriban en la recuperación del sistema económico de las localidades rurales, (campesinos, pescadores, mineros), insertándolas al conjunto de la sociedad en forma equitativa, capitalizando su trabajo con recursos de crédito y con base en el fomento de sus formas organizativas de participación cultural y diseñando conjuntamente con las comunidades programas productivos que generen empleo e ingreso.

8. Desarrollar modelos productivos que aumenten el valor agregado regional y posibiliten su distribución y el control de sus excedentes por parte de los sectores populares, con aplicación de tecnologías propias para la región.

Sector Educación y Juventud

– La educación debe garantizarse como un Derecho fundamental de las y los colombianos(as). La responsabilidad primordial es del Estado en términos de cobertura y calidad, tanto en áreas urbanas como rurales respetando las necesidades, contexto y diversidad cultural de cada una de las regiones del territorio nacional.

– El sistema educativo debe contar con programas de bienestar que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales que como ciudadanos tenemos los niños, las niñas y los jóvenes estudiantes, en todos los ámbitos y niveles de la educación pública. Así mismo, la educación debe brindar los elementos necesarios para la formación de sujetos sociales y políticos con las suficientes capacidades para aportar y hacer parte de la construcción de país.

– La educación no debe tener un carácter de empresa, ni debe estar sujeta al clientelismo o a los intereses particulares, por el contrario debe contribuir a la formación humana y profesional que favorezca la construcción de nación.
– La educación debe permitir a las y los jóvenes gozar de condiciones de vida y trabajo digno.

– El Estado debe apoyar y garantizar las propuestas que desde las propias comunidades se construyan, respondiendo a sus necesidades, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y pobladoras y al desarrollo integral de la región del nororiente colombiano y del país.

– El Estado por medio de las autoridades educativas regionales deben garantizar el derecho a los niños, las niñas y los jóvenes a no ser discriminados por su condición de género, sexo, religión y etnia, por el contrario debe promover la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad como lo contempla la Constitución Política de Colombia, y sus leyes aún vigentes.

-La educación en el Magdalena Medio y en el Nororiente Colombiano debe contar con instituciones educativas que garanticen la formación permanente de los educandos, respondiendo a la estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas de los docentes.

Por tanto, rechazamos el modelo educativo que vienen implementando el Estado colombiano y el Banco Mundial de privatización del servicio educativo nacional en deterioro de la formación integral donde se pierde el sentido de la educación como un derecho humano fundamental, la cátedra presencial y se criminaliza la protesta estudiantil en todo los niveles. De acuerdo a lo anterior exigimos el derecho de las y los jóvenes estudiantes a organizarse y luchar por sus justas causas, y por ende rechazamos su estigmatización.

– Exigimos el derecho al fomento de la educación popular. Los entes institucionales deben fortalecer estos procesos y garantizar el acceso de los sectores más vulnerables a la alfabetización y educación a todos los niveles. Igualmente demandamos del Estado colombiano, la financiación integral y de calidad de la educación, así como la asignación del presupuesto de la Nación para que se cumpla el mandato constitucional de una educación pública estatal de calidad para todas y todos en el territorio nacional.

A partir del memorial de agravios construido colectivamente en el día de hoy elaboraremos una agenda de lucha de los pueblos que permita ir adelantando esfuerzos en la necesaria coordinación de las acciones de reivindicación, movilización, interlocución y exigibilidad de los derechos de los pueblos del nororiente

Trabajaremos en la construcción de cabildos abiertos regionales, departamentales, municipales y locales como una propuesta de escenarios donde se garantice una amplia participación popular que genere presión política, interlocución y exigibilidad política y social sobre el nuevo gobierno y los poderes locales.

Finalmente, ratificamos nuestra voluntad de organización, movilización y lucha en pos de que las exigencias aquí consagradas se hagan realidad.

Cabildo Abierto

Barrancabermeja 20 de julio de 2010.

Anuncios