“Cerdos con un origen peor que el de los cerdos”
Reincidentes

La congresista Gilma Jiménez, que lleva varios años pidiendo efusiva y entusiasta la horca y la cámara de gas para los violadores, habló hace unos días de “perdón” para unos soldados de la patria que violaron una niña y unos niños, los mataron y ocultaron sus cuerpos en el monte, cobardemente, alevosamente. Niños campesinos de alguna región guerrillera en el país del Sagrado Corazón.

Curioso. En tierra de Narcobandoleros y Terroristas, el mayúsculo violador y abusador en zonas de conflicto es el Ejército Colombiano y sus Paramilitares, que numerosos documentos e informes sobre Derechos Humanos en Colombia responsabilizan de practicar la violencia sexual contra las comunidades como arma de guerra; aparecen exhibiendo cifras de abusos y crímenes sexuales significativamente mucho más altas que las guerrillas tradicionales e incluso que grupos de la delincuencia común.

(¡Ah el glorioso ejército colombiano, el mismo de Plazas Vega y Rito Alejo del Río, que defiende heroicamente la democracia más profunda y estable de Latinoamérica! ¡Qué delicadeza tan democrática utilizar el terror, el miedo y el crimen para combatir el “terrorismo”!)

La propuesta de pena de muerte a violadores, que ha ganado partidarios acérrimos en los sectores más rancios de la política nacional, trae consigo un peligroso precedente: el de todos los regímenes fascistas. Entregar al estado la facultad de cortar la vida humana, con cualquier pretexto, es entregarle una omnipotencia superior a la divinidad. Sabemos que en nuestro país el dominio de los poderosos lleva décadas poniendo precio a la cabeza de sus enemigos, y que la pena de muerte es ilegal pero efectiva; aun así, permitir que sea consagrada en la ley es el último paso a la ruina.

Por citar sólo un ejemplo, véase el uso que imperio del Norte hace de este recurso mortífero: herramienta institucional para eliminar legalmente a sus opositores con juicios arreglados, testigos falsos y pruebas prefabricadas. Desde los obreros mártires de Chicago a finales del siglo XIX, ahorcados por dirigir una huelga histórica, pasando por los anarquistas Sacco y Vanzetti a comienzos del XX, hasta Mumia Abu-Jamal, un activista radical negro que espera en una cárcel hace más de 20 años que su sentencia sea ejecutada, mientras tanto lucha desde el “pabellón de la muerte” y se ha convertido en un símbolo de resistencia.

No debe existir la pena de muerte, en ninguna circunstancia, aunque nos causaría regocijo a muchos que la guillotina de Robespierre y Saint-Just fuera desempolvada en las cabezas de algunos genocidas y tiranos contemporáneos como Bush, Aznar, Álvaro Uribe o esa racaille de Sarkozy. Puesto que cada quien es esclavo de sus palabras hay una conclusión lógica: Doña Gilma Jiménez debe pedir, a gritos efusivos, que ejecuten a los militares violadores de Arauca. Y con ellos a un porcentaje bien grande del Ejército Nacional y la Policía, incluyendo generales, torturadores del B2 y mandos medios, que llevan medio siglo utilizando perversas tácticas de guerra, contrainsurgencia y represión, entre ellas los abusos y la violencia sexual. Si no es así, ¿Por qué exigir entonces el asesinato a nombre de “nuestros niños”? O en otros términos más simples: ¿De cuáles niños y cuáles penas de muerte se nos habla?

Queda al desnudo pues la esencia de tal propuesta: los hijos de los campesinos y de las barriadas, los niños de la Colombia profunda con tierra entre los pies, a todas luces no son “Sus” niños. El asunto de la violación no es más que el pretexto para imponer una ley reaccionaria, que no ataca las causas del problema sino a sus víctimas ocultas: un violador común generalmente fue violado o maltratado antes y esconde en muchos casos trastornos y problemas psicológicos superiores a su propia voluntad. Un militar violador generalmente fue entrenado y pagado para serlo. Habría que pedir pena de muerte a la jugosa industria de la pornografía, a la rentable prostitución tolerada y estimulada por el capitalismo, al patriarcado machista y a los ejércitos opresores, pero eso ya es pedirle demasiado a las leyes.

Queda clara además otra cosa: no habrá pena de muerte cuando se trate de sus violadores, de sus instituciones y de sus matones. Perdón pues para los soldados de Arauca, perdón y olvido, aunque merecen la horca.

Firma: Colombia Profunda
tomado de http://asambleautp.blogspot.com/

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