Jorge Enrique Robledo, Bogota, 26 de noviembre de 2010.

Cada día se entiende mejor que la Constitución de 1991 contiene dos concepciones contradictorias. Por un lado consagra derechos y principios democráticos que deben respaldarse y sobre los cuales se ha dicho tanto que podría pensarse que esa es la única característica de la Carta. Por el otro establece que sus principios económicos son los del Consenso de Washington y el libre comercio.

El carácter neoliberal de la Constitución se manifiesta, entre otros, en artículos como el 100, que consagra el trato nacional a los extranjeros, concepto en el que descansa el capítulo de inversiones de los TLC; el 371 instituye que el Banco de la República es autónomo de todo poder colombiano y, en la práctica, sumiso ante las concepciones del capital financiero trasnacional; el 61, sobre propiedad intelectual, protege a las empresas globales de medicamentos; el 336 prohíbe los monopolios públicos pero no los privados; la salud y la educación no se definen como derechos fundamentales y su privatización la autorizan y estimulan los artículos 48 y 67; el 365 está allí para que los monopolios de los particulares se apropien de los servicios públicos; y sus normas recortan los derechos laborales y permiten las cooperativas de trabajo asociado.
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