Alfredo Molano
El Espectador

HACE POCOS DÍAS, UN JURADO DE muy altas calidades le concedió a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en Antioquia el Premio Nacional de Paz Los campesinos del Cimitarra se han venido organizando hace varios años contra los atropellos de las autoridades públicas, de las empresas agropecuarias y de las compañías mineras.

En los años noventa salieron por ríos, carreteras y trochas a exigir una solución justa a la erradicación violenta de la coca que empezaba a entrar al Magdalena Medio. Varios de sus dirigentes fueron asesinados. A fines de 2002 el Gobierno reconoció la Asociación como Zona de Reserva Campesina, pero a comienzos de 2003 canceló su personería jurídica. Uribe atendió los miedos que le transmitían los palmeros, los ganaderos y los intereses de la gran minería: que los campesinos protesten, pase; que se organicen, pase; pero que se organicen y protesten, nada. ¡Peligroso! La negativa del Gobierno —aderezada con algunos positivos— sacó de nuevo a los campesinos de sus fincas hacia Barranca: marcha campesina y paro cívico. No permitieron provocación alguna. Se mantuvieron en sus cabales; hoy su lucha ha sido reconocida con el premio. También, por tanto, las Zonas de Reserva Campesina como figura de la Ley 160 de 1994. El reconocimiento llega en el momento en que vuelve a hablarse del tema y en que el Gobierno coquetea con las Zonas de Reserva Campesina como una medida sana para impedir que los dos millones de hectáreas que ha prometido restituir a los campesinos vuelvan en pocos años a caer en manos de los mismos usurpadores, de sus testaferros o de los “legítimos compradores”. Expuestas a las leyes del mercado todas las tierras —y sobre todo aquellas de buena calidad y cercanas a los centros de consumo— terminan siendo agregadas a las grandes propiedades.
Es esta libertad la que los latifundistas quieren preservar para su propio beneficio. Su argumento, por ahora, el de siempre: las ZRC sacarían del mercado a dos millones de hectáreas; no podremos comprarlas ni venderlas porque esas áreas serían exclusivas para campesinos. En parte tienen razón, porque allí no hay posibilidades legales de concentrar los predios. Esa es su función y por eso se irritan y patalean. Se sienten atropellados. Desvalidos. Y apelan al chirrido de siempre: se atropellan los sagrados derechos de la propiedad. No hay tal. Los propietarios de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —o dos, según la ley— en una ZRC pueden vender su tierra, pero sólo a otro campesino o empresario pequeño que quiera trabajarla. Del mercado de tierras en las ZRC no están excluidos los campesinos, pero sí los terratenientes.
La tesis de la SAC y Fedegán de que los campesinos a los que les sean restituidas sus propiedades las venderían porque ya no quieren trabajar el campo, es una realidad a medias. Es muy posible que haya desplazados que no quieran regresar al campo por falta de garantía para sus vidas o porque han encontrado una forma de ganarse la vida en la ciudad y estén interesados en vender la tierra que el Estado les restituiría. Están en su derecho. Pero en una ZRC esos predios no podrían ser adquiridos sino por otros campesinos y, por tanto, la figura actuaría como una modalidad de selección de la verdadera vocación agropecuaria. Quien compre una UAF en estas ZRC lo hace porque quiere y puede trabajarla.
Como es razonable, la mera restitución de tierras y creación de ZRC no serán medidas suficientes. El crédito subsidiado por vía de un Agro Ingreso Seguro reformado será un complemento necesario. Los campesinos necesitan plata para trabajar y defenderse de los TLC. Más aún, los programas de Familias en Acción y Guardabosques no son sólo puro clientelismo, sino de alguna manera una palanca para fomentar el parasitismo. No son pocos los campesinos que venden su tierra para comprar una casa en el pueblo y vivir de esos programas. Vistos así, son palancas de una especie perversa de desplazamiento.
La otra medida complementaria a las ZRC son los Mercados Campesinos, que ya funcionan en muchas regiones y que mueven más de cinco mil millones de pesos al año y 1.300 toneladas de alimentos. Poner en relación directa a productores campesinos con consumidores urbanos, evitando a los intermediarios, ha sido una antigua aspiración. Hoy es posible y urgente si el Gobierno quiere de verdad pagar la deuda histórica que el Estado tiene con los campesinos y con los pobres de las ciudades.

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