Por: Leonardo León

Durante los días 20 y 21 de abril se han hecho visibles los graves problemas que tiene las regiones mineras del país y en especial Guamocó, región rica en oro en donde el conflicto social y armado se vive con gran intensidad por culpa de la avaricia de las multinacionales que por medio de las leyes aprobadas en el Congreso de la República y con el accionar paramilitar, están asesinando, criminalizando y desplazando la pequeña y mediana minería para quedarse con las tierras y los títulos mineros.

Guamocó es una región que se encuentra en la parte suroccidental de la Serranía de San Lucas entre los departamentos de Antioquia y Bolívar en la que la principal actividad ha sido la minería desde antes de la conquista, con tiempos de auge y declive con un futuro incierto al ser objetivo de las multinacionales del oro, especialmente de origen canadiense y porque el paramilitarismo lleva a cabo un plan de exterminio de la población, especialmente aquella que se opone a los megaproyectos trasnacionales. En esta zona del país, los campesinos mineros se han asociado en la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, la cual ha defendido los derechos humanos y económicos de la población por lo que ha sido víctima de señalamientos y montajes judiciales por parte del Estado.

En cuanto a la legislación minera, Maylor Caicedo explicó que la actual fue hecha concertada con las multinacionales y tiene una serie de elementos nuevos relacionados con la propiedad de la tierra y el impacto ambiental buscando poner la mayor cantidad de trabas posibles para que la pequeña y mediana minería pueda cumplir la reglamentación, obligando de esta manera a que las trasnacionales se queden con las licencias de funcionamiento, quedando las pequeñas minas ilegalizadas, convirtiendo al campesino libre en obrero de las grandes empresas del oro.

A pesar de que la minería artesanal se ha hecho desde tiempos inmemorables y bajo el amparo de la ley pero ahora es perseguida tratando como delincuentes a los pequeños mineros. Este plan de criminalización fue el mismo que se hizo en el caso de la coca cuando los raspachines fueron tratados como delincuentes, de tal forma que tuvieron que buscar otros proyectos productivos como volverse trabajadores de las industrias de palma africana en las tierras que eran de los mismos campesinos.

Jorge Gamboa, de la Unión Sindical Obrera, en sus 31 años en defensa de los trabajadores, afirma que no ha habido nunca una legislación del trabajo para el obrero campesino, es decir para todos los que trabajan por un salario en el campo, permitiendo la violación de los derechos humanos con total impunidad por parte de las multinacionales y los latifundistas que se lucran con la propiedad de la tierra y el trabajo campesino.

Contrario a lo que plantea el gobierno sobre el conflicto armado, los mineros han vivido en carne propia la guerra y por lo tanto tienen claro que el proyecto paramilitar no es más que un proceso que desde sectores del Estado y el gran capital tiene como fin arrebatarle al campesinado las tierras y sus riquezas para que grandes latifundistas y empresas multinacionales se queden con los recursos, proceso que, como explica Hernando Gómez Serrano, se desarrolló de la misma manera en Brasil en los años 40s y 50s y en las dictaduras del cono sur más adelante como en Chile desde 1973 con el gobierno sanguinario de Augusto Pinochet. Producto de ello, en tierras del nordeste brasilero hay grandes proyectos agroindustriales latifundistas en tierras que fueron robadas a sangre y fuego a los campesinos de aquel país, que hoy son propiedad del capital trasnacional.

Por otra parte, los pequeños y medianos mineros son conscientes del daño que varios de ellos han hecho a la naturaleza con el uso de maquinaria pesada y la utilización indiscriminada de sustancias tóxicas requeridas para la extracción de oro como el cianuro. Por eso se están organizando en torno a la defensa del medio ambiente que se ve amenazado gravemente por la minería a cielo abierto y a gran escala que está entrando a las diferentes regiones, generando miseria, desolación y deforestación.

Otro tema importante ha sido el de la militarización, que de la mano al paramilitarismo han afectado a las comunidades puesto que su papel principal es el de defender al gran capital con el agravante que han asesinado campesinos haciéndolos pasar por miembros de la guerrilla (los mal llamados “falsos positivos”), además han inducido a las drogas a los jóvenes y adolescentes ya que los soldados fuman marihuana y consumen otro tipo de estupefacientes en los centros poblados junto a la población civil, incluso entrando a las casas y saqueando las pertenencias de los pobladores. También inducen a la prostitución de las jóvenes y han cometido abusos sexuales a muchas de ellas en los lugares que se vive la presencia constante del ejército. A pesar de los abusos cometidos por la fuerza pública, ésta se queja y estigmatiza a las comunidades que rechazan su presencia precisamente por todo lo que cometen contra las mismas.

En cuanto a la presencia del Estado en las regiones mineras, se reduce únicamente a la ocupación militar puesto que hay una carencia casi absoluta de escuelas, centros de formación laboral, recreación, infraestructura y salud, existiendo altos niveles de analfabetismo y de enfermedades tropicales como el paludismo y la lesmaniasis.

Un fenómeno importante últimamente ha sido el de la proliferación de las iglesias cristianas en las comunidades campesinas y mineras, producto de la desesperanza y por buscar una válvula de escape al conflicto social y armado. Sin embargo esto más bien ha contribuido a desviar la lucha por superar las dificultades concretas que se viven y a generar nuevos dominadores por medio de la fe con pastores que se lucran con ello.

En el plano de la movilización y organización, desde varias regiones se ha hecho el llamado de reproducir los foros mineros para que la población esté enterada completamente de el porqué de su situación y hacia dónde van los intereses del Estado y el capital en materia minero energética. Además se vienen consolidando las organizaciones como Aheramigua en defensa del territorio y del campesinado como forma de resistencia cívica, se han venido creando nuevas en otras regiones y hay un compromiso decidido de fortalecer procesos como Marcha Patriótica para unir esfuerzos y luchas por la segunda y definitiva independencia.

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